Diciembre 2007. Ésta es una rancia expresión con la que la docencia de la dictadura se
empleó a fondo con los pupilos de la época. Digan lo que quieran, este
espíritu de sometimiento sigue bien vivo en nuestros días en muchos
ámbitos del poder. Pero sin duda, el ejemplo más enraizado de esta
actitud de “educar” se puede observar en toda la organización de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). A este organismo
le corresponde recaudar los impuestos para el bien común. Y hasta ahí
nada que objetar, todo lo contrario. Sin embargo, todos sabemos que
además tiene una actitud de subyugar al ciudadano con procedimientos
que no tienen otro sentido que el de que no se olviden de “quien
manda”.
Nos referimos a estos “resúmenes” de operaciones, actividades
económicas que ya han sido declaradas y por las que se han satisfecho
las obligaciones monetarias que llevan implícitas. Tienen su calendario
y el olvido del relleno de los mismos está multado. No son multas por
infringir un deber con las arcas públicas, sino por no subordinarse al
“procedimiento”. Un procedimiento que no tiene sentido alguno en cuanto
a las obligaciones legales, sino que es puro arbitrio al más puro
estilo de la disciplina castrense de “arrastra el culo por un zarzal”.
El principal divertimento de la Agencia Tributaria no proviene de
recaudar los impuestos, sino de cazar con multas a los olvidadizos en el
procedimiento informativo, que no en el de las obligaciones económicas
para el bien común (ésta es la malla de la red por donde se escapan
los peces gordos). Para este control disciplinario de los olvidadizos se
destina un ejército, esencialmente, de mujeres. El máximo representante
es el Ministro de Economía y Hacienda, al que le importan un carajo las
dificultades económicas de los españoles, ya que su misión es educar en
los valores democráticos. Y este ministerio no está para facilitar la
vida de los ciudadanos, pues con su actuación -a pesar de los grandes
medios informáticos para obtener, cruzar y verificar toda la
información- esencialmente le impone esta herencia franquista que
arrastra (al puro estilo de “arrastra el culo por un zarzal”) y allana a toda la ciudadanía sin distinción de clases. Aunque
algunos salen más perjudicados que otros: los que no pagan a gestores y
otros asociados que viven de los calendarios del contribuyente.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria sigue anclada en el
pasado como organismo. No se entera de beneficios por actitudes a favor
del bien común. Un caso ejemplar de esta vida en la inopia de la AEAT
son las energías renovables. Poco les importan los beneficios de
invertir en fuentes de energía que ahorran emisiones de efecto
invernadero. Es más, la consideran una actividad “lucrativa” y, por
tanto, sometida a la disciplina, como si de producir bebidas alcohólicas
se tratara. Así pues, la electricidad generada con energías renovables -no importa la potencia- está sujeta a la Ley de Impuestos Especiales.
Y por ello, cualquier incauto que genera electricidad con energía solar
está sometido a sus procedimientos. Eso sí, por el momento está exenta
de pago. No faltaría más, porque en realidad los beneficios de las
energías renovables, en base al Real Decreto 661 de 25 de mayo 2007,
los establece el propio Estado. Pero una cosa son los procedimientos
para favorecer el medio ambiente y otros los de la actividad de control
disciplinario del Ministerio de Economía y Hacienda.
Así las cosas, cualquier central de energía eléctrica con renovables -aquí incluidas las pequeñas producciones- deben darse de alta en el CAE
(Código de Actividad y de Establecimiento),
un procedimiento de puro papeleo en la AEAT. Con este papeleo, la AEAT
extiende la “autorización” por la que uno ya puede “vender” la energía
generada a la compañía de zona. Ello conlleva llevar un libro de
contabilidad (que deben sellar, pero que para que lo sellen hay que
presentar una instancia) y así el productor puede anotar lo generado y
lo vendido (o sea todo, por mandato legal) que, dicho sea de paso, está
más que documentado en las “facturas” que hay que emitir cada mes. Pero
no se queda el tema en el cuadernillo de deberes, además hay que
rellenar periódicamente el formulario 560, que no sirve para nada, dado
que las renovables no pagan el impuesto de electricidad establecido en
la Ley de Impuestos Especiales. Vaya, que es puramente informativo o, en
otras palabras, una obligación para rendirse a la AEAT de zona. A partir
del momento de darse de alta, el olvido de presentar el 560, que no tiene
otro sentido que el de mantener la maquinaria burocrática, permite a la
AEAT multar al “olvidadizo” con 200 euros (y así hasta
los próximos 25 años). O sea que, en este caso, invertir en renovables
para contribuir al bien común está sujeto a la disciplina de “arrastra el culo por un zarzal”.
Dicen desde la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), que han
reclamado sin éxito suprimir este engorroso trámite del CAE y lo que
conlleva. El Ministerio lo tiene claro: su misión más allá de la tarea
recaudatoria es ser la reserva espiritual para que el ciudadano no
olvide que la libertad es sólo un paréntesis en la vida de los
bienaventurados de corazón. Lo cierto es que en este país -con un staff
funcionarial más bien infeliz- lo de la información les va como a la
desaparecida Stasi. En el fondo, sus dirigentes piensan y actúan con la
máxima que todo ciudadano, hasta que no se demuestra lo contrario, es un
presunto defraudador y argumentan que el hecho de rellenar
“formularios” informativos le previene de su actitud delictiva. En fin,
la AEAT es todo un ejemplo de institución docente para mayor gloria de
España que, dicho sea de paso, el día que llegan al gobierno pierden los
papeles de lo que es realmente un estado de derecho en las Azores.
La campaña España Solar, como ejemplo gubernamental por el interés en
potenciar la energía solar para restituir parte de las emisiones que
generamos quemando combustibles fósiles, se queda en nada, pues está
constreñida por un elenco de normativas que en realidad lo hacen
inviable para un ciudadano convencional. Desde la Fundación Tierra
hemos denunciado, incluso ante los tribunales, que los “beneficios”
al amparo de la prima a favor de las renovables no son un lucro, dado
que es producto de un “premio” establecido por el propio Estado. Y que,
además, nunca debía haberse considerado con este procedimiento de
“venta”, dado que en realidad es como una subvención para facilitar la
actualmente costosa amortización de estas instalaciones ambientalmente
beneficiosas. No se han preocupado en facilitar que la industria baje
los precios, tampoco se han preocupado por la complejidad burocrática
de tener que “facturar” a las compañías eléctricas cuando, en realidad, éstas tan sólo son gestoras de un dinero colectivo, que por ordenamiento
jurídico debe revertir al inversor en renovables. Por este ordenamiento
jurídico dictado por obsesos, se han incentivado los “grandes” parques
eólicos y solares que esencialmente benefician a las propias compañías
energéticas y, sobre todo, a los bancos que lo financian. Pero quien
padece todos los males de una burocracia rancia por pensar en el bien
común es el ciudadano de a pie o a las organizaciones sin ánimo de
lucro que se atreven con sus pequeñas instalaciones solares. Eso sin
contar que, por tener unos paneles solares en la cubierta de un
edificio, el ayuntamiento de turno puede solicitar un “informe de
conformidad ambiental” que cuesta unos mil euros por certificar que “no
provoca daño ambiental alguno”, lo que se enseña a los escolares.
Hoy se habla de suprimir la prima a las renovables, pero no se habla de
los impedimentos para acceder a la misma por parte de comunidades de
vecinos, asociaciones, ciudadanos individuales, etc. y contribuir al
bien común que proporcionan las renovables, especialmente, en el ámbito
urbano. El papeleo que conlleva beneficiarse de la prima de las
renovables sólo lo hace viable para las grandes corporaciones o
empresas especializadas. El que la energía solar fotovoltaica de
pequeña potencia esté sometida a los procedimientos de la Ley de
Impuestos Especiales, como denunciamos -a pesar de que esté exenta de
pagarlo (sólo faltaría que de la prima que da el Estado pretendiese
cobrarse una parte!!)-, es un ejemplo de esta política lamentable tan
viva en el Ministerio de Economía y Hacienda de “arrastra el culo por un zarzal”.
En fin, como dijo un filósofo, “la democracia española no es más que
un estado de derecho de espíritu dictatorial mientras no se demuestre
lo contrario”, porque todos somos presuntos estafadores mientras no se
demuestre lo contrario. Así que, si piensas en invertir en renovables,
quedarás atrapado por el allanamiento “informativo” de la AEAT. Y, si no
cumples con sus designios, espera a que envíen al primer desdichado e
infeliz inspector; es cuestión de tiempo. Hasta ahora los de la AEAT
han dejado que se multiplicaran los peces. Ahora ha llegado la hora de
pescar y, sino, pues lo dicho: “arrastra el culo por un zarzal”.
Si te parece injusto sólo te queda pedir asilo político en Alemania, que
por eso son líderes en renovables en el ámbito doméstico en Europa.
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