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Las ayudas de entidades bancarias y de ahorro esquilman los bosques





Las ayudas de entidades bancarias y de ahorro esquilman los bosques
Mayo 2006. Conceptos como la responsabilidad social corporativa, pero también la obligación legal de revertir parte de los beneficios a la sociedad (caso de las Cajas de Ahorro) provoca que a lo largo del año se  oferten un importante número de ayudas, premios, etc. para proyectos de cooperación al desarrollo, de acción cultural, medioambiental o social.

El primer semestre del año se convierte en una lluvia de convocatorias a las que las entidades sociales se lanzan con desespero y aplicarse así estrujando la imaginación, agudizando el ingenio y, sobretodo, rellenando formularios (algunos ciertamente complejos) para exponer las motivaciones de un proyecto con el que optar a una ayuda. Los solicitantes podrán ser centenares. Los beneficiados unos pocos.

La falta de perspectiva y de conocimiento de la realidad a la que pretenden ayudar por parte de la mayor parte de los departamentos de obra social o equivalentes y consiguiente  burocratización (como excusa de transparencia) ha animado a estas entidades privadas a seguir el “mal ejemplo” de las convocatorias de la mayor parte de las administraciones. Entre las supuestas “aptitudes” de los solicitantes está (a juzgar por la cantidad de papeleo cualquiera ajeno pensaría que es lo más importante) su legalidad y cumplimiento de la normativa fiscal, laboral y asociativa. Para ello se requiere la presentación obligatoria de todo tipo de certificados y fotocopias de la documentación legal de la entidad (estatutos, acta de creación, memorias, etc, …) En una entidad de tamaño medio la documentación que debe presentar (según lo burocrático de la convocatoria) pueden ser de entre 30 y más de 100 papeles A4 fotocopiados.

Las entidades públicas y privadas que convocan las ayudas pues se han convertido en verdaderas esquilmantes de los bosques, pero también de derroche energético. Están destruyendo árboles por pura desidia y por aquello de poner oficio. Para argumentar tanto papeleo advierten que de esta forma se evita la picaresca de “entidades inexistentes o ilegales o que incumplen con la legislación vigente”. Sin embargo, a la mayor parte de los solicitantes no les concederán ayuda alguna y su documentación se archivará o reciclará. Frente a esta realidad las entidades bancarias, empresas, administración, etc. han optado por la estrategia ambientalmente menos responsable. Se obliga pues a fotocopiar e incluso compulsar documentación que no tendrá efecto alguno para todos los no seleccionados y que supuestamente no se utiliza para valorar los proyectos más allá de que “sea legal y cumpla”. En el caso de las convocatorias de la administración el tema es mucho peor puesto que la información que se recaba ya la tiene alguna otra administración pero por descoordinación administrativa se solicitan fotocopias y compulsas de todo.

En definitiva,  centenares de kilos de papel que podrían ahorrarse y que se acumula en archivos y que luego en el mejor de los casos se reciclará destruido (por cuestiones de confidencialidad). Pero, no es sólo un problema de papel y bosques, también debemos contabilizar la energía y las emisiones derivadas de fotocopiar toda esta cantidad ingente de papel (una fotocopiadora consume unos 950 Wh en operación).

Resulta irónico que una entidad oferte ayudas a proyectos ambientales del tipo:
v Dar a conocer ejemplos de actuación responsable con el medio ambiente que sean reconocibles y asumibles por la sociedad y que puedan funcionar como modelos a seguir.

v Conseguir la implicación y la motivación, no sólo de las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, sino también de las personas particulares como motores del consumo responsable de recursos y la conciencia medioambiental.

v Fomentar el respeto al Medioambiente e incentivar acciones a favor de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad y el fomento del desarrollo sostenible,

 para luego solicitar ni más ni menos que:
1. Formulario de solicitud en el modelo establecido por la entidad bancaria.
2. Fotocopia del N.I.F. del solicitante. Si actúa por delegación del representante legal de la entidad, deberá aportar el poder notarial que lo acredite.
3. Fotocopia del C.I.F. de la entidad solicitante.
4. Certificación del representante legal, en la que conste identificación y fecha de su nombramiento, de los directivos, miembros del Patronato, Consejo de Administración u Órgano de Gobierno equivalente.
5. Copia de la escritura de constitución.
6. Copia de los estatutos debidamente legalizados.
7. Copia de la inscripción de la entidad en el registro correspondiente.
8. Copia de las resoluciones de las financiaciones del proyecto presentado.
9. Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social, acreditando que el solicitante se encuentra al corriente de pago.
10. Certificado de la Delegación de la Agencia Tributaria, acreditando que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.

Toda esta documentación (hay entidades de ahorro y bancarias o administraciones que todavía añaden otras documentaciones más extensas como Memorias contables, Memorias de actividades de los últimos años, etc.) se puede simplificar con un solo papel.

La credibilidad de una información de curso legal por parte de los solicitantes bastaría con UN SOLO PAPEL: una simple declaración del responsable de la entidad. Una declaración de alguien que tiene un cargo representativo tiene además el valor jurídico y su falseamiento puede ser usado en los tribunales (aunque por ahora la tramitación es lenta porque no se prevé legalmente que sea de otro modo, por esto España es el paraíso de los cheques sin fondo).

Pero también bastaría la comprobación de la veracidad legal de una entidad que afectara a los premiados. Si la entidad otorgante fuera más sincera ambientalmente hablando le bastaría que un empleado de alguna de las oficinas de la entidad bancaria diera fe de los originales de legalidad y evitarse así fotocopias innecesarias, o sea gasto de papel (ni que sea reciclado).

Todos callados por miedo

Ninguna entidad sin ánimo de lucro en su sano juicio se atreve a cuestionar estos procedimientos establecidos aún cuando sean ambientalmente denostables. Lógico. Nadie se atreve a molestar  a quien debe evaluarle un proyecto y ser misericordioso ayudándole. Tampoco nadie se atreve con la administración dado que las represalias podrían ser peores. Por desgracia nuestra sociedad es una en la que los incentivos legales para el fomento privado de la cultura y otras actividades de interés social es muy bajo (por lo que la Administración sigue siendo el principal valedor de muchas entidades sin ánimo de lucro). La Fundación Tierra ha lanzado algunas advertencias sobre el despilfarro ambiental de tanto papel a directivos de entidades bancarias y la propia administración. La excusa ha sido la seguridad. La seguridad que el dinero no cae en una entidad ilegal o incluso “terrorista”. Tampoco han defendido de forma razonable que sólo se compruebe a las entidades ganadoras y que en caso de falsedad se otorgue al siguiente en puntuación obtenida. En definitiva, que el medio ambiente no puede anteponerse a la burocracia (algunos han dicho que es un mal menor dada la cantidad de dinero que otorgan y los beneficios sociales que se derivaran de la ayuda concedida).   

Para la Fundación Tierra ha llegado quizás el momento de advertir públicamente sobre esta problemática que mueve toneladas de papel inútil y derrocha energía que contribuye al cambio climático (todo ello sin contar que por razones de presentación se apliquen los aplicantes en lo “estético” como baza para competir). Tampoco puede obviarse que se empleen recursos no renovables como plásticos e ingentes cantidades de recursos y energía (fotocopias o impresiones en color, etc.).

Bastaría un solo papel para ahorrar centenares

Es evidente que en cualquier concurso lo que debería valorarse es la idea, su viabilidad, su transposición, etc. Sin embargo, la memoria de la actuación puede ser como mucho en términos de recursos materiales un 10 % de lo exigido. La demostración de la legalidad del solicitante la cual únicamente en el caso de concesión debería ser estrictamente valorada se convierte en el grueso de la documentación a presentar.

En una sociedad preciada de “sostenible” como la nuestra claro, lo válido debería ser que la propia administración en lugar de generar todo tipo de certificados (de cumplimiento con lo fiscal, lo laboral, etc.) simplemente estableciera un precepto legal por el cual en la concesión de subvenciones el falseamiento de datos legales de la entidad solicitante sea considerada por el código penal (que de hecho implícitamente ya lo es) como punible pero sobretodo tramitable en forma de “juicio rápido” y condenas severas (eso sucede en Estados Unidos con la suplantación de personalidad si no se lleva identidad encima).

Nadie que es responsable de una entidad sin ánimo de lucro y que legalmente no obtiene beneficios directos de la actividad de la entidad asociativa se atrevería a ir a la cárcel por la vía rápida por falsedad en una declaración de veracidad sobre la documentación legal de la entidad.

Sin embargo, mientras la administración, el gobierno en general no sea consecuente (para que luego nos apabullen con anuncios de protección del medio ambiente “Total, por un poco”)  las entidades privadas que disponen de un mayor dinamismo gestor deberían ser las primeras de iniciar una cruzada contra la burocracia derrochadora de las bases de concursos de ayudas que obligan a presentar decenas de fotocopias innecesarias para las miles de solicitudes que generan y de las que sólo en un pequeñísimo porcentaje se convertirán en una obligación contractual entre el adjudicatario y quien otorga la ayuda económica.

Un mejor ambiente, un desarrollo sostenible veraz es incompatible con el derroche que supone la actual normativa y de procedimientos para optar a una ayuda por parte de las ONG. Las Cajas de Ahorro deberían dar ejemplo y exigir menos papeles innecesarios en las convocatorias de premios y ayudas a proyectos  ambientales, sociales o culturales.