LA CONEXIÓN A RED CON CENTRALES FOTOVOLTAICAS DOMÉSTICAS DEBE SER REGULADA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Fundación Terra (Día del Sol 2000)
A los 18 meses de la aparición del Real Decreto 2818/98 para incentivar la energía fotovoltaica doméstica (de menos de 5 kWp) con una prima de 60 Ptas no se ha podido conectar ni una sola instalación fotovoltaica de forma normalizada (la única que lo ha conseguido en Madrid –propiedad del presidente de la industria fotovoltaica- se debe a un trato preferencial). La fundación TERRA considera que el hecho que no exista ningún particular beneficiario de esta disposición supone un fiasco del Ministerio de Industria. Por ello insta a reformular la regulación de la producción de electricidad solar doméstica por lo que propone que los sistemas de energías renovable de tipo doméstico sean regulados por el Ministerio de Medio Ambiente.
La fundación TERRA connectó a la red eléctrica de Barcelona en Enero de 1999 un campo fotovoltaico de 2,2 kWp. Hasta la fecha presente ha vertido a la red 3.200 kWh y no ha conseguido la plena regularización por parte del departamento de industria de la Comunidad autónoma, responsable de la autorización de los proyectos de energía renovable. Lógicamente, agotados los plazos administrativos, la fundación TERRA estará en disposición a primeros de Setiembre de formular una demanda contra el Real Decreto 2818/98 en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Hasta el mes de marzo pasado el IDAE disponía de un borrador de orden ministerial para facilitar la tramitación administrativa de las instalaciones fotovoltaicas de baja potencia. Su aplazamiento político no hace sino confirmar la ineficacia del Real Decreto 2818/98. Por ello es necesario que el sector interesado en la promoción de la energía solar fotovoltaica doméstica afronte la realidad de considerar esta energía como una actividad industrial o económica regulada por el Ministerio de Medio Ambiente.
La fundación TERRA considera que un tejado o pérgola solar doméstica sólo adquiere sentido desde el punto de vista de una contribución de los particulares al medio ambiente. Una contribución que debe, lógicamente, ser incentivada por razones ambientales y por tanto gestionada por el Ministerio de Medio Ambiente. Además, la fundación TERRA valora que un campo fotovoltaico doméstico es una inversión que contribuye a disminuir la carga de emisiones a la atmósfera y por tanto facilita la aplicación del Protocolo de Kyoto, responsabilidad exclusiva de la cartera de medio ambiente. En este sentido se recuerda que por cada kW de potencia instalado se ahorran alrededor de los 500 kg de dióxido de carbono al año.
La industria fotovoltaica debe reflexionar sobre el potencial de mercado en el ámbito doméstico y dejar de vivir de los megaproyectos o la exportación. España, no debería permitirse el lujo de despreciar el recurso natural de la radiación solar y de darse la contradicción de ser uno de los grandes fabricantes europeos de paneles fotovoltaicos y sin embargo ser uno de los peores consumidores de los mismos.
En el ámbito doméstico (menos de 5 kWp) el ahorro energético o la restitución a la red eléctrica con energía eléctrica fotovoltaica debe incentivarse a partir de una subvención anual al ahorro en emisiones resultado de la cantidad de electricidad inyectada en la red. Este mecanismo permitiría salvar los escollos fiscales actuales y sería un instrumento adaptado al espíritu no lucrativo que la ley otorga a la residencia familiar.
Respecto a los condicionantes técnicos y de responsabilidad la experiencia de la fundación TERRA demuestra que la inyección de más de 3.000 kWh vertidos sobre una red vieja no ha causado ningún trastorno a la vecindad inmediata. La calidad (legalmente no reconocida) de los elementos empleados en el sistema fotovoltaico de la pérgola solar de la fundación TERRA son la única garantía que debería exigirse. La monitorización de la instalación durante 18 meses ha permitido observar que el sistema cumple con los requisitos del reglamento de baja tensión. Por todo ello, creemos que la administración no puede cargar con la responsabilidad de la seguridad de la instalación al usuario final sino al fabricante de los equipos dado que este no puede manipularlos.
La fundación TERRA lamenta que la administración no haya en todo este tiempo homologado equipos básicos (paneles, inversores, sistemas de medida, contadores, etc) así como las empresas instaladoras autorizadas para que el usuario disponga de las garantías lógicas de un servicio que va más allá del beneficio personal. Esta responsabilidad es una tarea de la cartera de industria y que no tiene mayor complicación dada la organización empresarial del sector.
La fundación TERRA insta al nuevo Ministro de Medio Ambiente a que asuma con valentía y rigor su responsabilidad en cuanto a la aplicación del Protocolo de Kyoto y se aproveche de las ventajas de la tecnología fotovoltaica en el ámbito doméstico como herramienta para que los particulares puedan contribuir a la reducción de emisiones. Una contribución que el Ministerio de Medio Ambiente debería tutelar y gestionar a través de una línea de subvención económica en función de la producción anual de cada instalación fotovoltaica familiar de menos de 5 kWp.
Los 3.200 kWh generados y donados a la red eléctrica por parte de la fundación TERRA demuestran además que lo que debe buscarse en estas instalaciones no es tanto la rentabilidad óptima dado que no todos los tejados disponen de estas condiciones sino más bien del derecho ciudadano de participar a la protección ambiental. El potencial solar de la península ibérica no debe verse simplemente como un reclamo turístico sino también como un elemento estratégico para que los edificios incorporen la captación solar en todas sus manifestaciones y se conviertan en estructuras activas reduciendo las emisiones a la atmósfera y contribuyendo a paliar el efecto invernadero.
La fundación TERRA invertirá todos los esfuerzos necesarios para que la regulación del Real Decreto 2818/98 respecto a las instalaciones de energía renovable de menos de 5 kWp sea revocada porque atenta al derecho de contribuir a un medio ambiente saludable. Por ello advierte que sólo la lucidez de los responsables del medio ambiente en España pueden dar una opción válida para que la energía solar no sea desaprovechada por los hogares españoles.
Fundación TERRA
www.terra.org