El agua como factor limitante
Otra de las paradojas de Almería es ser una de las provincias más áridas de toda España y vivir de una agricultura de regadío. La mayor reserva de agua de la zona está bajo tierra, en los acuíferos subterráneos, a los que se llega perforando pozos cada vez más profundos a causa del agotamiento y salinizando de los niveles más superficiales. Una hectárea de invernadero necesita una media de 5.500 m3 de agua al año. Al riesgo de agotamiento y contaminación de los limitados recursos hídricos de Almería hay que sumarle otro peligro, apuntado por Jesús López Gálvez en las Jornadas sobre Agua y Sostenibilidad en el modelo productivo almeriense organizadas por la red Nueva Cultura del Agua de Andalucía el pasado mes de mayo en Almería. Gálvez, ingeniero agrónomo de la Universidad de Almería, anuncia: "Es de temer una tendencia hacia una explotación del agua excesivamente liberal. Resulta evidente la tendencia del Estado a declinar el ejercicio de sus responsabilidades, que va delegando en comunidades de regantes invertebradas y técnicamente poco asistidas".
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En Roquetas de Mar, el Benidorm almeriense, tengo que encontrarme con Juan Romero, presidente de la Comunidad de Regantes Sol y Arena, una de las más importantes de Almería. Sol y Arena gestiona y distribuye el agua de 6.000 hectáreas de riego en el Poniente. Romero es ex tesorero de los Verdes de Andalucía, ex militante ecologista, antiguo compañero de Paco Toledano, que lo acusa de "pasarse al enemigo": las Comunidades de Regantes, y algunas de las grandes asociaciones agrarias a las que se vinculan, son consideradas verdaderos lobbys de poder local. Todas las predicciones apuntaban lo contrario pero Juan se presenta, a pesar de todo, a pesar de tener que ir haciendo él mismo la ronda porque sus 15 trabajadores están en huelga y alguien tiene que abrir las llaves de paso. Y declara, tan abiertamente como me confiesa que es suscriptor de la revista, y cito textualmente: "que aquí la ley va por un lado y la realidad por otra". Más que sorprenderme la declaración me sorprende escucharla de su boca, pero así es esta realidad de Almería: insalvable desde otra lógica que no sea la suya propia. "Desde que en 1984 se declaró sobreexplotado el acuífero de esta zona -habla de Campo de Dalias- las hectáreas de invernadero se han duplicado; ya son más de 24.000, a pesar de la prohibición de la Junta de hacer más sondeos y de aumentar el caudal de riego. A partir de que esto empezó a ser rentable, la iniciativa privada a tirado del carro. Y la iniciativa privada ha ido muy por delante de cualquier planificación de la administración. Aquí no se ha planificado nada. Para empezar, no hay coraje político para llevar a cabo esa medida y aplicarla, ni por parte de las Comunidades, que nos plegamos a la voluntad del agricultor, ni por parte de la Junta de Usuarios de los Acuíferos del Poniente, ni por la de la Confederación Hidrográfica del Sur, órgano competente en el tema del agua".
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La presión sobre los espacios naturales
Diez de la mañana del jueves, Estación de autobuses de Almería. Aprovechando la visita de la diputada de los Verdes en el parlamento andaluz, Inmaculada Gálvez, y del portavoz de los Verdes en Andalucía, Francisco Garrido, Ecologistas en Acción organiza un paseo por el último desmonte denunciado. Los promotores de este desmonte, el mayor de toda Andalucía, son, qué contrasentido, COAG (con 5.500 afiliados, la asociación agrícola mayoritaria de la provincia) y la Universidad de Almería. La zona se conoce como Sierra Alhamilla, junto al aeropuerto, y está catalogada como suelo forestal y propuesta como LIC (lugar de interés comunitario). José Cabello, portavoz de la Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata, dos miembros más de los Verdes de Sevilla y yo nos sumamos a la comitiva.
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El paisaje al que llegamos es dantesco: 380 hectáreas de monte convertidas en 380 campos de fútbol de tierra. Sólo la alambrada del vecino campo de entrenamiento militar parece haber puesto freno a las máquinas. El portavoz y la diputada de los Verdes acusan a la Delegación de Medio Ambiente de mantener una actitud absolutamente pasiva antes estos hechos. "Habría que paralizar las obras, precintar las máquinas... Si yo fuera delegada, lo haría. De denuncias y recursos estamos ya hasta el moño. Aquí lo que falta es voluntad política para parar esto". José Cabello, portavoz de la Asociación de los Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, parece más curado de espantos, con 68 invernaderos contabilizados dentro del Parque. "Aunque, oficialmente, sólo se reconocen 12. La buena noticia es que hace unos días, derribaron los dos primeros". Una excepción que confirma la regla, puntualiza Paco Toledano, nuestro anfitrión de Ecologistas en Acción: "por lo general, cuando las autoridades van a precintar las máquinas o a derribar el invernadero un piquete de vecinos, muchas veces convocado por el alcalde del pueblo, impide que se lleve a cabo".
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Un esperado plan de ordenación territorial
El diagnóstico de José Chamizo, el Defensor del Pueblo Andaluz, respecto de la agricultura intensiva es que padece de "una dispersión y falta de normativa tanto de ámbito nacional, autonómica y local, así como una dificultad derivada de la coexistencia de las diferentes competencias de los distintos organismos públicos implicados en el tema". Este sector agrícola se ha desarrollado rápida y caóticamente, sin apenas intervención del estado, ni para lo bueno ni para lo malo. Ostenta, por ejemplo, el récord de ser la agricultura menos subvencionada de España. Esta desasistencia ha favorecido, en parte, el desorden y descontrol de su crecimiento, sin planos actualizados de las conducciones de agua, sin censos fiables del número de invernaderos ni de su ubicación, con el suelo agrícola, el urbano y el forestal conviviendo sin fronteras claras. Cualquier intento de regular la situación choca con un sector que emplea al 49% de la población activa de la provincia y aporta al PIB provincial cerca del 30% de su valor, según cálculos de la más importante entidad bancaria de Almería, Cajamar. La agricultura intensiva se ha convertido en una industria de polígonos descontrolados sin el equipamiento mínimo que requieren como tales: asfaltado de calles, dotación regulada de electricidad o agua...
Los agricultores, sus asociaciones, ecologistas y verdes se ponen de acuerdo, por una vez, para exigir la aprobación de unos planes de ordenación subregionales y comarcales que pongan orden y concierto en el mar de plástico. La respuesta del delegado de la Consejería de Obras Públicas de Almería, Francisco Espinosa, es que "el Poniente almeriense está a punto de contar con un plan en el que se contemplen los usos y prohibiciones del suelo con una limitación expresa a los desmontes en las estribaciones en la Sierra de Gador". ¿Por qué se ha esperado tanto? El delegado se excusa: "las dificultades estriban en alcanzar amplias zonas de convergencia y consenso entre todos los municipios para evitar tensiones e incumplimientos sistemáticos de los planes. Los municipios son quienes tienen, en última instancia, la potestad de conceder los permisos, autorizaciones y licencias y, en consecuencia, quienes tienen la potestad disciplinaria y sancionadora".
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