Almería no acoge
La precariedad laboral en el campo almeriense es otro claro exponente del descontrol administrativo y un polvorín a punto de estallar dada la altísima concentración de trabajadores inmigrantes (casi la mitad en situación irregular) existente en el Poniente. Según el responsable de inmigración de la delegación de CCOO en Almería, Emilio Asensio, sólo existen 6 inspectores para controlar el cumplimiento de la legislación laboral, no sólo en los invernaderos (un sector de alto riesgo por la manipulación de sustancias tan tóxicas como los agroquímicos) sino en el resto de empresas de la provincia. El inmigrante vive de un empleo precario, por lo eventual y discontinuo, y eso le impide cualquier tipo de arraigo y le impone unas condiciones de vida indignas. De ahí la falta de integración y el conflicto social que contribuyeron a los sucesos de El Ejido en febrero del 2000.
En El Ejido casi el 20% de la población es extranjera y, sin embargo, sólo existe una asociación de ayuda al inmigrante, Mujeres Progresistas. No es fortuito que esta asociación fuera creada en 1988 para defender los derechos de la mujer almeriense en una sociedad donde la autoexplotación ha sido, durante años, un medio de vida. En esta asociación, sólo trabaja una persona: Mercedes García. Mercedes es profesora de Educación Física, 50 años, casada y con dos hijos. En su rostro se refleja el cansancio que está a punto de llevarla a hacer las maletas y empezar de nuevo en otra parte. "El ayuntamiento me tiene asfixiada, a mí y a mi familia. Me embargan la cuenta por una multa de aparcamiento, me cortan el teléfono... Se está creando una psicosis de inseguridad y miedo a costa de los inmigrantes, alimentada por la televisión local, que es la del señor Enciso -Juan Enciso, alcalde de El Ejido-, y por la ignorancia y la incultura. Aquí no hay filtros democráticos, ni oposición política, ni sociedad civil organizada, ni nada. Cada cual se toma la justicia por su mano y las administraciones hacen la vista gorda".
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Un dato que permite calibrar esta insolidaridad social es que el 80% de los inmigrantes viven en infraviviendas, en los cortijos abandonados de las fincas, dando lugar a lo que Mario Gaviria y David Baringo denominan en su informe el ghetto difuso. Los inmigrantes viven y trabajan lejos del núcleo urbano, sin contacto con la población, dispersos entre los invernaderos. "Como si fueran maquinaria agrícola", ilustra Mercedes. No existe ninguna política de viviendas sociales ni por parte de la Junta ni de los ayuntamientos. Sólo algunas asociaciones agrarias como COAG hace tímidos esfuerzos por aliviar el tema del alojamiento con un programa piloto de viviendas para trabajadores del campo. Para María Encarna Hualva, portavoz de UGT Almería, el tema laboral es sangrante: "todos los inmigrantes indocumentados tienen trabajo; los documentados no lo tienen. No se contrata, no se asegura, se paga mal". A falta de estadísticas oficiales, basta irse al INEM y sacar las cuentas entre el número de contratos y el de invernaderos en activo.
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Un modelo alimentario poco saludable
Una de las denuncias más sentidas del Sindicato Obrero del Campo en Almería es que la aplicación de productos agroquímicos en los invernaderos se hace sin las mínimas medidas de prevención recomendadas en los envases y en los cursos de manipulación de fitosanitarios, obligatorios si uno quiere solicitar algún tipo de subvención pública. Los trajes de goma y las mascarillas se quedan colgados y se llenan de polvo en el invernadero. "Si el patrón no les compra ni un par de guantes de goma -ilustra su portavoz, Gabriel Ataya– como les va a dar un traje". Hasta la entrada en el mercado común europeo, incluso los propios agricultores almerienses admiten que se hizo un uso abusivo de los fitosanitarios en los invernaderos, atentando contra la salud del manipulador y del consumidor. Los avances en la lucha biológica han reducido la aplicación de sustancias químicas, que son ahora menos tóxicas y persistentes que en el pasado, para que dejen el mínimo rastro en los alimentos y en nuestra salud.
Lo preocupante, según Nicolás Olea, médico investigador del Hospital Clínico de Granada, es que más de la mitad de las sustancias químicas permitidas no se han investigado adecuadamente. Los estudios realizados hasta ahora no contemplan ni su efecto a largo plazo (más allá de 15 años) ni su actividad combinada, en tanto que sustancias bioacumulables en las grasas y líquidos del cuerpo. Algunos compuestos químicos como el endosulfán, utilizado aún en la agricultura española o alemana, imitan la actividad hormonal y alteran el sistema endocrino. Se les conoce como disruptores endocrinos y, según los estudios realizados por Olea entre la población de Granada y Almería, pueden ser causantes de malformaciones genitales en los niños y cáncer de mama. "Estamos convencidos que si tiene que ocurrir algo ocurrirá aquí antes que en ningún otro sitio -prevé Olea-. Pero ¿que es lo que tiene que ocurrir? Nosotros tenemos nuestra hipótesis pero estamos abiertos a cualquier sugerencia de aquellos que, al parecer, saben más que nosotros, como los fabricantes de fitosanitarios". Es una área de investigación médica que aún genera más preguntas que respuestas por la dificultad de aislar las causas de las disfunciones detectadas y por la resistencia de la industria química por asumir responsabilidades sin una evidencia científica irrefutable. "La UE decidió incluir el principio de precaución ante ciertas situaciones de incertidumbre relativas a la salud humana y actuar preventivamente. Hasta ese momento el énfasis se hacía en la demostración a posteriori del daño, demostración que llega demasiado tarde, ya que las consecuencias pueden ser irreversibles". Para el equipo de Olea la exposición a sustancias químicas con actividad hormonal es un problema grave por dos razones: "la universalidad del fenómeno y el hecho de que se trata de una exposición muchas veces inadvertida".
El mercado global puede hacer rico al agricultor almeriense en una campaña y endeudarlo en la siguiente; la entrada de un país más al sur que el sur de España puede hacer que la Gran Distribución dé la espalda a Almería. Frente a esto, las asociaciones agrarias exigen unión entre los productores y que el Estado defienda mejor sus intereses en Bruselas. El modelo productivo de la agricultura intensiva da muestras, sino de agotamiento, al menos de haber cerrado una etapa. Observar los LMR y ajustarse al concepto de calidad de las grandes distribuidoras multinacionales son la huida hacia adelante del sector. Ecologistas y expertos como Nicolás Olea, piensan que así sólo se atajan los síntomas más visibles de un modelo alimentario que prima la cantidad sobre la calidad, el beneficio sobre la salud. "En definitiva –concluye Olea– parece que estamos cada vez más cerca de demostrar una asociación entre el estilo de vida, lo que hacemos, lo que comemos, a lo que estamos expuestos en el medio ambiente y el riesgo de padecer ciertas enfermedades como cáncer de mama ¿Qué hacer? Actuar preventivamente modificando la dieta y los hábitos, optando por alimentos más saludables y un estilo de vida más natural".
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