El caso de la finca El Chopillo, que se encuentra en Moratalla, en la cuenca alta, revela la aúntentica naturaleza de los problemas del Segura. La Guardia Civil denunció al propietario, la empresa Frocap Lo Romero que tiene intereses inmobiliarios, agrarios y en campos de golf por roturaciones, pozos y embalses ilegales.
Acequias y embalses saturados en las afueras de la localidad.
Las 97 denuncias realizadas por la Guardia Civil no prosperaron en los tribunales de Murcia ni se produjeron sanciones por parte de las administraciones. Ocurría que un imputado, socio de Frocap, era el juez que debía ver su propio expediente. Al ser recusado, los tres jueces que toman el caso rechazan 22 de las 23 pruebas de la acusación, después de comer y charlar con el juez acusado, según denunció la revista Interviú el pasado mes de junio. Por cierto, los tribunales de Murcia, donde el juez acusado establece jurisprudencia, destacan por su tendencia a no perseguir o legalizar pozos "piratas".
El caso finalmente fue asumido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Según el fiscal, el juez y su familia pidieron subvenciones por reforestar una explotación agraria, cuando en realidad se trataba de terreno forestal que curiosamente acababa de ser víctima de uno de los mayores incendios de la historia española, en 1994.
Se plantaron nogales, especie que en esa zona necesita riego articial nada que ver con un bosque, y se volvió a cobrar una subvención por "modernización de regadíos". Para ello se hicieron pozos que chupaban aguas del embalse público de El Cenajo.
El fraude a la Unión Europea superó los 295 millones de pesetas hasta 1996, según el fiscal, que en las diligencias previas ha escrito que "los peticionarios no han reparado en falseamiento y ocultación alguna, confiados además en que algunas de las personas tramitadoras de los expedientes en su Comunidad Autónoma, a pesar de conocer la inadecuación de aquellas ayudas y la falsedad de los datos de los Expedientes, no efectuaran comprobación ni reflejaran reserva ni impedimento alguno".
Según las denuncias de Ecologistas en Acción, el objetivo último de la operación era desviar el agua obtenida hasta las fincas de Frocap en el campo de Cartagena. La Confederación dio la autorización a pesar de que sabía que se estaba tomando el agua de reservas públicas.
El juicio de Madrid, conocido como "el del robo del agua", será, junto con los dos que se siguen en Orihuela, los primeros en abordar la corrupción y la mala gestión de la cuenca del Segura, e implicará no sólo a particulares, entre ellos un juez, sino también a funcionarios públicos, entre ellos el director general de Regadíos de la Comunidad Autónoma Murcia.
Otro escándalo reciente sobre el control de la regadíos en Murcia ha terminado con un enfrentamiento entre el gobierno autónomo y Ecologistas en Acción. Una denuncia de los ecologistas y Pro Río sobre una roturación ilegal para convertir en regadío 700 nuevas hectáreas en el municipio de Mula fue respondida por el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, quien afirmó que se trataba de un regadío tradicional y que los ecologistas «se están dedicando a difundir mentiras que lo único que consiguen es hacer mucho daño a la Región». El el secretario general de Presidencia, José Antonio Ruiz Vivo, también acusó a los ecologistas de «estar instalados en la mentira permanente y de favorecer con sus manipulaciones a los antitrasvasistas, que quieren minar el Plan Hidrológico Nacional a cualquier precio y desde cualquier posición».
Pero la administración quedó en evidencia: alguien filtró a Ecologistas en Acción un expediente de la Consejería de Agricultura que demuestra que el propio gobierno conocía las roturaciones ilegales por las denuncias de la Guardia Civil y los informes de sus propios técnicos, que había ordenado la reforestación para que los terrenos volvieran a su estado original y que había impuesto una multa. En algunos papeles, como el que imponía una multa de 10.000.000 de ptas, figuraba la firma del propio Cerdá. Sin embargo, la sanción no prosperó, los propietarios continuaron con la actividad y los documentos fueron ocultados.