"Las denuncias realizadas durante años no han servido para nada, pero ahora, con los juicios en marcha, los tenemos noqueados", dice Ramón, que nos lleva hasta otro punto negro en el recorrido del Segura: una represa del río Guadalentín, afluente del Segura, donde una densa capa de espuma blanca cubre unas aguas negras que se utilizan para regar los campos adyacentes. Lo que vemos es el resultado de los vertidos realizados a 30 kilómetros de distancia por la veintena de industrias del curtido instaladas en Lorca. Supuestamente se trata de agua depurada, pero el olor y el aspecto indican que el tratamiento no ha surtido efecto. "A lo largo de todos esos kilómetros el río es un auténtico desastre", dice Ramón.
Las tenerías de Lorca han contaminado el Segura con metales pesados, sobre todo cromo, durante décadas. La Confederación Hidrográfica retuvo un proyecto para instalar una depuradora durante 13 años. Su construcción, que ha costado 30 millones de euros, debiera haberse terminado el pasado mes de diciembre, pero en el momento de escribirse este artículo aún no cumplía su función.
José Antonio Muñoz, presidente de Pro-Río, se sorprende de que "la cuenca más contaminada del mundo no cuente con un Plan de Saneamiento Integral como el Ebro o el Tajo". A falta de proyectos oficiales, los alcaldes y asociaciones vecinales de la Vega Baja tienen su propio plan, aprobado desde el año 2000 en unas jornadas celebradas en Bigastro. Según esta propuesta, es necesario que el Segura tenga en su tramo final un caudal ecológico mínimo continuo de 4 metros cúbicos por segundo, agua que debiera obtenerse del ahorro en tramos anteriores a la Vega Baja. También se debiera dar prioridad a los regadíos tradicionales y a los productos de calidad, en lugar de permitir nuevos cultivos extensivos. Finalmente exigen un mayor control de la contaminación industrial, urbana y agrícola, y más medios para la policía fluvial.
A la espera de las sanciones europeas
La Comisión Pro-Río tiene parte de sus esperanzas puestas en la Unión Europea. Espera que desde allí obliguen al Gobierno español a tomar medidas sobre lo que ocurre en la Vega Baja. En caso contrario, España podría perder la asignación de fondos estructurales. Por otra parte están pendientes las medidas que pueda tomar la Comisión cuando se demuestre el fraude con las subvenciones agrícolas en el caso que sigue la fiscalía de Medio Ambiente de Madrid.
Bruselas tiene abiertos dos expedientes contra España. El primero se debe a la mala depuración de las aguas en Murcia y Molina, pues ambos municipios incumplieron el plazo fijado (31 d diciembre de 2000) para sanear la totalidad de sus vertidos.
El segundo expediente se abrió tras el viaje de Pro-Río a Bruselas en septiembre del año 2001. La Comisión Europea solicitó un informe al gobierno español sobre los planes para tratar las aguas de Valencia y Murcia, y sugirió que si no se cumplen las normativas sobre contaminantes podrían suspenderse las ayudas agrícolas.
David Hammerstein, portavoz de Los Verdes del País Valenciano que llevó a la Comisión Pro-Río por los pasillos de Bruselas, opina que la cuestión del Segura no es un asunto local, ni siquiera nacional, puesto que existen directivas europeas que protegen el agua y los ecosistemas. En este sentido afirmó que en la Vega Baja no se está respetando la directiva marco del agua que exige depuración, conservación de los recursos o participación democrática en la gestión integral del agua. "Las confederaciones hidrográficas debieran disolverse porque no sirven para aplicar las leyes de protección del agua", sostiene.
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