El valle y el estuario del río Oka, en el norte de la provincia de Vizcaya, conserva una variedad de bellos paisajes y ecosistemas valiosos. Pequeñas montañas cobijan en sus bosques de encinares y frondosas visones, gatos monteses o jabalíes. El verde desciende por los valles hasta las playas y la marisma más extensa del País Vasco, donde se mezclan las aguas saladas del Cantábrico y las dulces del interior. Hasta aquí llegan aves como la espátula o la garza real para descansar o de paso en sus migraciones desde el norte de Europa hasta África.
Pero no es éste un santuario invulnerado de la naturaleza. En Urdaibai, una comarca de 230 km2 (el 10% del territorio de Bizkaia), viven cerca de 45.000 personas en 22 poblaciones, el 80% de ellas en los núcleos de Gernika, centro industrial y ciudad-símbolo de las tradiciones vascas, y Bermeo, el principal puerto de pesca de bajura en la cornisa cantábrica. La población rural se encuentra actualmente dispersa en pequeños pueblos y caseríos, junto a los urbanitas que tienen aquí su segunda residencia.
Aunque el enclave continúa siendo hermoso, la actividad humana ha causado profundas heridas. Durante siglos los extensos robledales abastecieron primero de materia prima a los astilleros y luego de carbón a la industria. Desde principios del siglo XX se asentaron en la zona fundiciones, fábricas de armas y cuberterías que ensuciaron los acuíferos con cobre, mercurio, arsénico y otros metales pesados. Las explotaciones agrarias se fueron abandonando, la población se concentró en los núcleos urbanos, y a partir de los años 60 proliferaron sin control los chalés.
Salvados del desarrollismo
La muerte de Urdaibai como lugar de valor natural estuvo a punto de firmarse durante las postrimerías del desarrollismo franquista. En 1968 la Diputación de Bizkaia elaboró un proyecto delirante para convertir el estuario en un Benidorm norteño: se hubiera desecado y urbanizado el valle, canalizado la desembocadura, construido puertos deportivos y edificado grandes hoteles. La crisis del petróleo iniciada en 1973 y el fin del régimen franquista impidieron que las máquinas se pusieran en marcha.
Con la llegada de la democracia, y bajo la presión de los colectivos preocupados por la creciente degradación ambiental de la zona, el gobierno vasco encargó a la Sociedad de Ciencias Aranzadi la realización de un "estudio ecológico integral" sobre Urdaibai.
Josu y Albert de la comunidad de Lurkoi. han hecho de un pinar en las montañas de Goierri una huerta ecológica donde conviven 500 plantas autóctonas.
En 1984 se presentó el informe definitivo de 486 páginas que consideraba todo tipo de variables, desde la estructura social y los ecosistemas hasta la contaminación industrial. Basándose en el estudio, que realizaba sugerencias positivas para gestionar el futuro, el gobierno vasco solicitó a la Unesco, a través del comité español del programa "El Ser Humano y la Biosfera", que se incluyera Urdaibai en su lista de Reservas de la Biosfera, categoría que le fue concedida el 7 de diciembre del mismo año.
A partir de ese momento, el gobierno vasco dio el máximo respaldo legal a la Reserva: en 1989 el Parlamento aprobó una Ley de Protección y Ordenación. Ningún otro espacio protegido español cuenta con una norma de ese rango. El objetivo de la ley autonómica y de los reglamentos posteriores no son exclusivamente conservacionistas, sino que pretenden coordinar la acción de las administraciones públicas y organizar la actividad socioeconómica para que en Urdaibai tenga lugar un desarrollo sostenible, de acuerdo con la "doctrina" expuesta en las directivas europeas y en las cumbres internacionales de la Tierra.
El Patronato es el órgano que desde 1990 se encarga de coordinar la actividad en la Reserva. Sus 24 miembros con voz y voto representan a todas las administraciones públicas con competencias en Urdaibai —es decir, gobierno y parlamento vascos, ministerio de Medio Ambiente, Diputación de Bizkaia y Ayuntamientos—, una asociación ecologista, sindicatos agrarios y representantes de la Universidad. Además cuenta con un Consejo de Cooperación donde participan las 17 asociaciones cívicas que lo han solicitado.
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