Los mapas aún dicen que por Orihuela, ciudad alicantina con 50.000 habitantes, pasa el río Segura, pero no es así. En su lugar hay un colector maloliente de aguas residuales. Puede comprobarlo cualquiera que visite la ciudad y lo afirma categóricamente la juez Francisca Martínez, que ha abierto dos sumarios por delito ecológico contra directivos y funcionaros de la Confederación Hidrográfica del Segura: «el río no existe geográficamente hablando por cuanto no constituye en la actualidad un curso de agua».
Una de las acequias que riegan las huertas de la Vega Baja en las afueras de Orihuela
Es cierto, el río Segura no desemboca en el mar, sino que finaliza su recorrido poco después de Murcia, al entrar en la Vega Baja. Allí el río ya no es tal sino una cloaca que recoge aguas ya utilizadas una y otra vez por poblaciones, industrias y regadíos. La consecuencia es que han desaparecido ecosistemas valiosos y la contaminación afecta la agricultura y la salud de la población.
El primer juicio, resultado de la denuncia efectuada en 1999 por Ecologistas en Acción, Amigos de los Humedales del Sur de Alicante y la empresa Agropaco, que reclama 60.000 euros por la pérdida de una cosecha de melones, tuvo lugar el pasado mes de noviembre en Orihuela.
Los acusados por delito ecológico, castigado con 6 meses a 4 años de cárcel, son un ingeniero de la confederación y un geólogo de la empresa que enterró lodos extraídos del río en sotos y saladeras, lo que supone, según el estudio realizado por el ecotoxicólogo forense Luis Burillo, "un grave riesgo para el equilibrio del ecosistema acuático del río Segura". Y no sólo para el ecosistema: también pudieron contaminar los cultivos de la zona y en consecuencia afectar la salud de las personas, según recoge el estudio.
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