Canal hacia una de las plantas depuradoras de la zona.
El resultado del juicio aún no se conocía cuando se terminó de escribir este artículo. Pero lo importante del caso fue que la juez que lo instruyó, Francisca Martínez, alarmada ante la información que se encontró entre las manos, decidió abrir un segundo sumario mucho más ambicioso. A lo largo del año 2000 realizó un informe de 86 páginas en el que da cuenta del estado de contaminación del supuesto río a su paso por la Vega Baja y de las causas.
Según los informes técnicos solicitados por la juez, el agua contiene tales cantidades de metales pesados, sales, nitritos y bacterias fecales que es inservible para cualquier uso, incluido el riego agrícola. Los técnicos detectaron además que el agua que salía de las pocas depuradoras existentes se encontraba en el mismo mal estado que cuando entraba.
Las causas de tanta contaminación son 1.800 puntos de vertidos industriales, entre ellos los muy contaminantes tenerías de Lorca, los residuos de plaguicidas y fertilizantes utilizados en una de las huertas —la murciana— más extensas del mundo, y las aguas residuales de al menos 70 poblaciones, entre ellas la ciudad de Murcia, con 345.00 habitantes. Todo sin pasar por depuradoras adecuadas como exige la ley.
El fiscal de Medio Ambiente de Alicante recogió el guante lanzado por la juez y decidió acusar por "delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente" a los dos últimos presidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura, el actual, Juan Cánovas Cuenca, su antecesor, Antonio Nieto, y los responsables de 9 empresas que están en la jurisdicción de Orihuela. Una de las industrias vertió sus residuos en una zona de especial protección por la nidificación de aves.
Según Hermenegildo Rodríguez, abogado de la acusación particular, la juez ató perfectamente todo los cabos, realizando análisis independientes que pueden contrastarse. Juan Cánovas y Antonio Nieto son sospechosos de autorizar los vertidos de residuos que no fueron analizados ni depurados y además cobrar un canon por ello. Por este concepto la Confederación ingresó, entre los años 1995 y 1997, 590 millones de pesetas. Juan Cánovas, nombrado por el Ministerio de Medio Ambiente, no ha dimitido ni ha sido cesado, como exige el código ético del Partido Popular para los cargos que estén encausados.
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