La responsabilidad de los políticos municipales

Noviembre 2005. Un accidente mortal de 4 personas el pasado 24 de octubre en el aeródromo de Sabadell al estrellarse una avioneta contra una grúa situada de forma ilegal en un edifcio en construcción pone otra vez sobre el tapete la polémica respecto a este tipo de infraestructuras. Nadie puede ser ajeno a que este pequeño aeropuerto dedicado esencialmente a la formación y mantenimiento de pilotos y que ocupa a más de 300 personas ha sido tradicionalmente gestionado sin pasión por la administración aeronáutica la cual ha sido permitido la glotonería de los municipios que lo rodean, que, como todos, sobreviven merced a la actividad constructora, y que poco a poco lo han ido literalmente cercando. La responsabilidad por las víctimas del accidente mortal de la avioneta que chocó con una grúa ilegal recaen directamente no sólo sobre la empresa de la grúa, que también, sino de forma especial contra los representantes políticos que la autorizaron (caso del alcalde de la población vecina de Sant Quirze del Vallès) como de la propia autoridad aeronáutica (AENA) que no ha velado para que se cumplan los pasillos de seguridad en la prolongación de la pista. Curiosamente, el aeropuerto de Sabadell constituye un ejemplo paradigmático de problemática ambiental. Esta instalación es básica en la política de extinción de incendios y para la protección civil. La mayor parte de los pilotos que se forman en escuelas que operan en este aeropuerto acaban siendo profesionales del sector entre los que la vigilancia, rescate, protección civil, etc. es fundamental. Sin embargo, las poblaciones vecinas se quejan del ruido, aunque esta molestia (no mayor que otras puesto que el aeródromo sólo opera en horario diurno y no con aviones a reacción) por la falta de una administración proactiva que en este asunto podría haber intervenido para adaptarla a los estándares europeos hace años. Los vecinos que han cercado al aeropuerto, que por cierto está instalado en la zona desde 1938, en los últimos lustros se han quejado de molestias por el ruido y por sentirse amenazados por la posible siniestralidad. Lo cierto es que en los pocos accidentes habidos nunca se ha registrado una sola víctima civil. Y es que los pilotos son adiestrados para que en caso de accidente no causen daños a terceros. Es evidente que la seguridad total no existe en ninguna actividad humana, sin embargo, el riesgo puede minimizarse y no por ello deben prohibirse. En este sentido la administración aeronáutica en los últimos lustros tampoco ha evitado que municipios como Sant Quirze del Vallès edificaran en la estela del aeródromo. En nuestro país la justicia apenas toca a los políticos a pesar que sus actos de prevaricación como en este trágico accidente se cebara en vidas humanas.  El acoso urbanístico ilegal al aeródromo de Sabadell debería atajarse y  expropiar las viviendas que han ocupado el pasillo de seguridad legal. Las indemnizaciones deberían correr a cargo del Ayuntamiento que las ha autorizado.  Sin embargo, el Gobierno optó por cerrar de forma cautelar el aeropuerto dejando que se perdieran centenares de miles de euros y que 300 personas no pudieran trabajar. Lo que está claro es que esta instalación ofrece un gran servicio por su estratégica ubicación y no tiene sentido ubicar aeropuertos de formación lejos de los centros urbanos donde viven los alumnos. El problema no es la seguridad de un aeropuerto, sino la gestión. Y la gestión de una instalación pública no puede costar vidas y hay que depurar responsabilidades de todos los implicados por activa o por pasiva. Lamentablemente, los políticos deberían ser procesados con más contundencia ante el uso displicente que hacen de sus poderes y que como en el caso del accidente de Sabadell perezcan personas que se habrían salvado a no ser por una grúa ilegal. Los problemas demasiado a menudo empiezan por actitudes negligentes, por una ciudadanía irresponsable y por políticos que no cumplen con su cometido.