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Firmas contra la privatización del agua

La Unión Europea fuerza a los países en crisis a privatizar el agua. Es claramente una medida ilegal, pero forma parte de las estrategias de la llamada “crisis económica” y los rescates: desmontar todo el patrimonio público y convertirlo en servicios privados lucrativos con la ciudadanía como rehén. Antes de las privatizaciones los precios de servicios básicos podían ser influidos por la vía democrática. Hoy no se privatiza aunque en el tratado de la Unión europea los artículos clave del Tratado se considera una ilegalidad,

Para frenar este impulso devorador de los bienes colectivos como el agua potable se han puesto en marcha varios movimientos en toda Europa para impulsar la lucha contra la venta de agua pública y promover la legislación del derecho humano al agua y al saneamiento para todos los europeos. La idea básica es que el suministro de agua y la gestión de los recursos hídricos no debe quedar sujeta a las "reglas del mercado interior" y que el agua debe excluir de los procesos llamados de liberalización.

Vecinos y vecinas de la ciudad de León, participando en una manifestación de rechazo por el intento de venta del Servicio Municipal de Aguas de esta ciudad (febrero 2009).

En el año 2010 la asamblea general de las Naciones Unidas reconoció por unanimidad el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. Sin embargo, sólo en Europa, hoy 2 millones de personas que no tienen acceso al agua potable ni a un saneamiento adecuado. Muchas otras personas viven en situación denominada estrés hídrico psíquico por la dificultad de hacer frente a las tarifas del agua.

La consideración del agua como un derecho humano choca frontalmente con la concepción mercantilista que tiene el recurso la mayor parte de las instituciones y administraciones las cuales se escudan en las leyes del mercado antes de defender cualquier consideración social. Bajo esta lógica, las empresas privadas asumen la gestión del agua y operan bajo criterios basados en la maximización del beneficio, y no en la universalización del acceso independientemente de las condiciones y capacidades económicas de cada uno. La liberalización de los servicios de agua está teniendo fuertes impactos sociales y medioambientales.

Las consecuencias de la privatización para los usuarios se hace sentir a nivel económico, social y medioambiental: laLas tarifas han aumentado de forma importante, se han liquidado empleos, la calidad del agua se ha degradad, se han reducido drásticamente las inversiones para mantener una red de calidad y se ha degradado también la calidad de la vida democrática. Esto ha sucedido en todas las ciudades donde se ha privatizado el suministro de agua.

En la Comunidad de Madrid la joya de la corona que se quiere privatizar es el Canal Isabel II, una empresa pública bien gestionada y que gana dinero. Las mentiras que hay detrás han sido denunciadas por una plataforma ciudadana que lucha para evitar la privatización del agua en esta comunidad.  En Cataluña podemos ver cómo la situación no es diferente. El proceso de privatización que está viviendo la empresa pública Aguas Ter-Llobregat se calcula que reportará beneficios multimillonarios a la compañía que obtenga la concesión durante los próximos 50 años.

Todas estas operaciones de privatización sólo pretenden ser la avanzadilla para que luego en nombre de la crisis se puedan subir las tarifas de forma abusiva al no estar bajo el paraguas del control público en un momento en que además la ciudadanía ya está sufriendo importantes aumentos de tarifa que irán directamente al bolsillo de los accionistas y no a mejorar los servicios públicos. Se puede consultar una guía práctica sobre el caso de la privatización del Canal Isabel II.

La iniciativa de recogida de firmas contra la privatización a nivel Europeo está presente en la mayoría de países de la Unión Europea y necesita recoger un mínimo de un millón de firmas repartidas en al menos 9 estados. En España, donde la iniciativa se coordina desde CCOO y UGT y cuenta con el apoyo de la plataforma catalana Agua es Vida. En nuestro país habrá que recoger un mínimo de 50.000 firmas. Las firmas se recogerán tanto en papel como por vía on-line a través de la página web. Yo ya lo he hecho. ¿Te motiva esta causa?. No dudes en firmar.

Puedes leer la carta abierta a la Comisión Europea enviada por diferentes entidades sociales sobre el tema.

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actualizado: 
26/10/2012